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La adjudicación de AySA al consorcio integrado por Rowing, Transclor, Arcos Saneamento y PHX Aqua se informó el 20 de octubre, luego de una licitación convocada en mayo y con apertura de ofertas en octubre. La operación se fijó en 340 millones de dólares. Una investigación de TN puso el foco en que dos de las sociedades extranjeras que integran el grupo no habían completado su inscripción ante la Inspección General de Justicia (IGJ) cuando se adjudicó el proceso.
De acuerdo con los registros oficiales consultados por ese medio, PHX Aqua todavía tenía en trámite su inscripción para la fecha de la adjudicación. Arcos Saneamento, de origen brasileño, presentó la documentación recién el 3 de noviembre, después de la apertura de ofertas y de la adjudicación. La sociedad neerlandesa PHX Aqua había iniciado el trámite en septiembre y lo completó el 21 de octubre, un día después de que se informara el resultado.
El abogado especialista en sociedades Salvador Paz Menéndez sostuvo que, en principio, las empresas extranjeras que participan en una sociedad argentina deben inscribirse en el registro correspondiente. También explicó que el trámite requiere identificar a las personas que ejercen el control final, directo o indirecto. Según el artículo, una resolución de la IGJ de 2024 eliminó la exigencia anterior de declarar a todos los accionistas, pero no la obligación de informar a los beneficiarios finales.
La identidad de quien controla finalmente PHX Aqua no fue difundida. TN informó que la IGJ no entregó copias de la declaración jurada correspondiente y que el representante legal de la firma no respondió a su pedido. Voceros del grupo comprador describieron a PHX como un vehículo para facilitar la participación de inversores y el acceso a financiamiento, sin identificar a esa persona o personas. La estructura informada incluye una sociedad constituida en Países Bajos, otra en Londres y un fondo de inversión creado en Curazao.
Entre los empresarios identificados en el consorcio están Mauricio Filiberti, dueño de Transclor y proveedor de AySA, y Walter Román, titular de Rowing, firma que brinda servicios de ingeniería y construcción al Estado. La investigación también describió vínculos de ambos con actividades del sector eléctrico y, en el caso de Filiberti, una participación indirecta en Edenor. El abogado Pablo Pirovano planteó que la transparencia sobre qué se vende, su valor y quiénes quedan a cargo es relevante porque el proceso puede marcar un precedente para futuras privatizaciones.
