La magistrada tiene 84 años ysufrió falta de oxígeno, por lo que debió ser trasladada a un centro¿ de salud porteño. Se había aplicado la primera dosis de la vacuna Sputnik V.
A la jueza federal le suspendieron el turno para la segunda dosis que le habían asignado para el 26 de marzo.
La jueza María Romilda Servini ingresó este miércoles en terapia intensiva tras sufrir una complicación en su cuadro de COVID-19. Tiene 84 años y se había aplicado la primera dosis de la vacuna Sputnik V.
La magistrada federal debió ser ingresada en un centro de salud porteño, días después de cuestionar duramente al Gobierno nacional y al de la Ciudad por la campaña de vacunación.
La semana pasada su caso desató una polémica: le suspendieron el turno para la segunda dosis que le habían asignado para el 26 de marzo. “Estoy sorprendida y enojada por la suspensión. El tema de las vacunas se manejó muy mal y se lo estoy diciendo también al Presidente”, había dicho la magistrada hace unos días.
“Le hablé a un alto funcionario de la Ciudad para ver si no podían hacer una excepción y darme esa segunda dosis y me dijo que se iba a ocupar, pero nunca me llamaron”, dijo entonces Servini.
“Hablé con Diego Santilli para que me vacunen porque yo estoy trabajando, lo mismo que el personal que esta trabajando conmigo. Si me hubieran dado las dos dosis no me habría contagiado”, agregó.
La jueza a cargo del Juzgado Electoral hizo un reclamo a las autoridades para que inmunicen a los trabajadores del sector bajo la advertencia de no poder realizar las elecciones PASO. “Si no vacunan a todo el equipo no se pueden hacer las primarias”, advirtió. E insistió: “Si no vacunan a mi gente te diría que no, yo no voy a exponer al equipo de 25 personas que trabaja en este tema”.
Un cuadro que se inició con síntomas leves
Servini formuló estas declaraciones el jueves pasado en el canal América TV. Entonces ya cursaba la enfermedad, cuya sintomatología inicial fue leve: cansancio y dolor corporal. Sin embargo, con el correr de los días su salud se agravó.
Servini es oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás y desde la década del ’80 ejerce como magistrada del fuero federal, donde tuvo a su cargo causas de gran relevancia como el “Yomagate”, el asesinato del general chileno Carlos Prats y la represión ejercida por el gobierno de Fernando de la Rúa en 2001, entre otras.
En la actualidad, instruye en los expedientes de los crímenes cometidos durante la época del franquismo en España y la investigación por las supuestas presiones que el gobierno de Mauricio Macri ejerció sobre el grupo Indalo.